En los últimos años, la reducción de la jornada laboral se ha consolidado como un tema clave en las políticas laborales a nivel global, y España no ha quedado al margen. En respuesta a la creciente demanda de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y optimizar la eficiencia empresarial, el Ministerio de Trabajo ha presentado un anteproyecto de ley que propone reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Desde su anuncio, esta medida ha generado un intenso debate, ya que promete transformar de manera significativa la estructura de las jornadas laborales en el país.
En este artículo, abordaremos las principales características de la reducción de la jornada laboral propuesta, cómo afectará a las empresas y qué implicaciones tendrá para los trabajadores en su día a día.
La jornada laboral en España ha experimentado una evolución significativa en los últimos años, marcada por propuestas de reducción progresiva de las horas de trabajo. Desde el modelo tradicional de 40 horas semanales distribuidas en cinco días, se han planteado ajustes encaminados a adaptar las dinámicas laborales a los cambios sociales y económicos.
En 2024, se introdujo la propuesta de reducir la jornada semanal a 38,5 horas y han sido muchas las empresas que han comenzado a adoptarla de manera voluntaria como parte de sus estrategias internas.
De cara al 1 de enero de 2025, se espera que entre en vigor la siguiente etapa de esta iniciativa, con una nueva reducción a 37,5 horas semanales.
En este contexto, el próximo año será clave para evaluar cómo se materializan estos cambios y qué impacto tendrán en el mercado laboral español, marcando una nueva etapa en la regulación del tiempo de trabajo.
En primer lugar, será imprescindible llevar a cabo una modificación en el Estatuto de los Trabajadores, el marco legal que establece la jornada máxima permitida en España. Este cambio representará un ajuste significativo en la regulación laboral del país, ya que el Estatuto actúa como base para garantizar que las condiciones laborales cumplan con los estándares legales.
Además, la actualización de la normativa implicará la necesidad de revisar y adaptar los Convenios Colectivos. Estos deberán alinearse con los nuevos límites establecidos, ajustando las jornadas laborales a las disposiciones previstas por la ley. Este proceso de adaptación requerirá una coordinación estrecha entre empleadores, representantes sindicales y las administraciones laborales competentes para garantizar una implementación adecuada y sin conflictos.
En consecuencia, este cambio no solo transformará el marco legal general, sino que también requerirá una actualización en las prácticas laborales, garantizando una transición ordenada y alineada con los nuevos estándares establecidos.
Aunque inicialmente se esperaba su entrada en vigor para 2024, aún se encuentra en fase de negociación. La ley pretende establecer una jornada laboral de 37,5 horas semanales a partir del 1 de enero de 2025, reduciendo el límite actual de 40 horas.
Previo a su implementación, se publicará un reglamento que especificará los pasos necesarios para cumplir con la normativa. Este reglamento, que debe ser aprobado dentro de los seis meses posteriores a la promulgación de la ley, actúa como una guía práctica tanto para trabajadores como para empresas.
Además, se prevé que la aplicación de la medida sea gradual, permitiendo una adaptación progresiva. Variará según el tamaño de cada empresa. Mientras que las grandes corporaciones, con mayores recursos, podrán implementar los cambios de forma más estructurada, las PYMEs podrían enfrentar mayores retos financieros y operativos para adaptarse al nuevo marco normativo sin comprometer su sostenibilidad.
La negociación entre el gobierno, los sindicatos y los representantes empresariales será crucial para definir los detalles finales. Este proceso podría incluir plazos diferenciados para sectores con mayores desafíos operativos, garantizando que la normativa sea flexible y se ajuste a las distintas realidades económicas y productivas.
Reducción de horas: Como ya hemos visto, las empresas tendrán que ajustar sus horarios para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas de manera progresiva en 2025.
Los trabajadores a tiempo parcial también se verán afectados, ya que su jornada se ajustará proporcionalmente a la reducción aplicada a los empleados a tiempo completo. Esto no solo reducirá sus horas de trabajo, sino que, en la práctica, incrementará el valor de cada hora trabajada.
Salario sin recortes: El gobierno ha asegurado que la reducción de la jornada laboral no afectará las retribuciones actuales de los empleados. Esto significa que, aunque trabajen menos horas, los salarios no se verán reducidos. Tampoco se alterará el Salario Mínimo Interprofesional.
Ajustes organizacionales: La implementación de esta medida podría implicar un aumento de costes para los empleadores, quienes tal vez deban reorganizar otras áreas de sus negocios para mitigar el impacto financiero. Esto podría incluir la contratación de más personal para cubrir las tareas y horas restantes.
Cumplimiento del registro horario digital: Tener un sistema de registro de horas digitales que garantice el cumplimiento de la reducción de jornada es otra de las novedades legales para 2025. Esto no solo ayudará a llevar un control adecuado de las horas trabajadas, sino que también facilitará el cumplimiento de la normativa. Para más información, visita nuestro artículo de Ley de fichaje digital obligatorio.
Las organizaciones que no cumplan con la nueva normativa de jornada reducida podrían enfrentarse a sanciones de hasta 7.500€ euros por cada trabajador afectado que no cumpla con el ajuste.
Que las multas se apliquen de manera individualizada significa que si una empresa tiene varios empleados que no cumplen con los requisitos, pueden acumularse rápidamente.
Aquí puedes descargar el resumen de este artículo. En OBN&, las normativas más recientes están siempre al alcance de tu mano.
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